Carajillo

Funcionarios sin ética

La falta de ética en los servidores públicos de Quintana Roo, partiendo de los que se encuentran en el gabinete del Gobernador, Carlos Joaquín González, es un tema que no debe pasar por alto.

El reciente suceso en la celebración del 43 aniversario de la entidad donde un secretario de Estado, pasó de las agresiones verbales a la violencia física sin que existiera alguna consecuencia al respecto, precisamente deja en evidencia la falta de valores en el servicio público.

El hecho que Julián Ricalde se peleará con el Senador Félix González y arruinarán el evento encabezado por el Gobernador, no es un asunto menor y en otros países donde la honorabilidad de los servidores es lo más importante, hubiera significado la separación del cargo del actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Nada pasó en este caso, así como nada pasa ante el claro ataque de la hermana de Julián, Alicia Ricalde Magaña en contra de una periodista, lo que contraviene al discurso del total respeto a la libertad de expresión que ha manifestado el Gobierno del Estado.

Alicia que tiene la titularidad de la Administración Portuaria Integral, empresa paraestatal donde ha colocado a sus familiares descaradamente, está detrás de una campaña mediática contra Fátima Vázquez, justo cuando el discurso se respeta la labor de los comunicadores.

Y es que, funcionarias de primer nivel de la APIQROO han utilizado las redes sociales para denostar a la periodista de Chetumal, incluso al grado de amenazar con hacer públicos documentos privados que están plenamente protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Quintana Roo.

Ejemplo de ello, es la secretaria Técnica de la APIQROO, Landy Blanco Lizama, que mostró una colérica actitud contra la comunicadora, solapada por Alicia Ricalde, lo que recuerda los peores tiempos de censura que vivió el periodismo en Quintana Roo, durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo.

La funcionaria de la APIQROO, quien es licenciada en derecho, acusa sin pruebas y argumento alguno que la periodista acosa y ejerce terrorismo hacia la dependencia que ella representa, puesto que como abogada que es, está obligada a respaldar sus dichos con pruebas, y en su caso, presentar una denuncia formal y no protagonizar un vergonzoso pleito en las redes sociales.

Además, Landy Blanco había tenido un altercado con la prensa en la administración pasada cuando laboraba para el IPAE, instituto desde el cual se fraguó la venta irregular de extensas reservas territoriales de Quintana Roo.

En los ataques también ha participado la vocera de APIQROO,  Liliana Cozumel Mier Muñoz, y durante la última semana se ha  intensificado en diversos medios y con detalles que buscan afectar la vida personal de la periodista, acciones que tienen el sello de Alicia Ricalde.

Ante estas acciones de funcionarios de Quintana Roo vale la pena citar algunas reflexiones, como el hecho que los servidores públicos que se comportan indebidamente se traicionan a sí mismos, y traicionan a la ciudadanía que les ha otorgado su confianza. Tanto más condenable y dañina será una conducta, cuando mayores sean la autoridad o el poder de quienes incurren en ellas.

En Quintana Roo las diferentes demandas sociales, requieren generar un cambio de actitud por parte de los Servidores Públicos, principalmente en materia de ética lo que significa la aplicación de normas morales tomando como base lealtad, honradez, la cortesía y el honor, mismas que van a contribuir al fortalecimiento de las estructuras Institucionales.

Los servidores públicos deben ser personas dignas, respetadas y honestas, lo que no cumplen hoy en día muchos funcionarios de Quintana Roo, como los hermanos Ricalde Magaña.

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