Benjamin Vaca González, ex director de Proceso Legislativo, ocultó información y lo despiden.
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Vaca irresponsable, puso en riesgo 70mdp para la Fiscalía

El exdirector de Proceso Legislativo ocultó documentación que ocasionó el retraso en la emisión de un decreto de reformas a la Constitución de Quintana Roo.

Foto: CafeinaNoticias.com

Benjamín Vaca González, exdirector de Control del Proceso Legislativo del Congreso de Quintana Roo, ocultó documentación que permiten a la Fiscalía General del Estado acceder a más de 70 millones de pesos.

A casi un mes después de haber sido cesado por falta de confianza del cargo como Director de Proceso Legislativo, Benjamín Vaca González puso en riesgo un recurso superior a los 70 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha podido hacer efectivos por la falta de un Órgano de Control Interno.

El 3 de octubre de 2016, Vaca González fue removido de su cargo como director de Proceso Legislativo por falta de confianza. Desde entonces, se ha refugiado en el Partido Verde, fracción parlamentaria de la que es "asesor".

El 3 de octubre de 2016, Vaca González fue removido de su cargo como director de Proceso Legislativo por falta de confianza. Desde entonces, se ha refugiado en el Partido Verde, fracción parlamentaria de la que es “asesor”.

Vaca González, quien ahora asesora al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, desapareció el acta de la sesión del cabildo de Benito Juárez por el que se aprobó una reforma a la Constitución local, por la cual, se faculta al actual Fiscal, para crear un Órgano de Control y Evaluación Interna así como su titular, que será el encargado de la Fiscalización de los recursos.

Sin este órgano,  la Fiscalía no ha podido ejecutar 70 millones 958 mil 533  pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, había advertido el Fiscal, Carlos Arturo Álvarez Escalera.

El viernes 21 de octubre, la nueva titular de la Dirección de Proceso Legislativo encontró traspapelado el documento donde el cabildo de Benito Juárez avalaba la reforma.

Ya con el acta en poder de la Decimoquinta Legislatura, este lunes 24 de octubre el Congreso del Estado emitió el decreto con las reformas antes mencionadas, al computar las actas de seis cabildos que avalaron los cambios constitucionales, apenas el mínimo requerido por la ley.

Los cabildos que avalaron la reforma fueron: Puerto Morelos, por unanimidad; Lázaro Cárdenas, por unanimidad; Bacalar, por unanimidad; Cozumel, por mayoría; Solidaridad, por mayoría y finalmente Benito Juárez, por mayoría.

Vaca irresponsable al no notificarnos: Carlos Mario

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, confirmó lo anterior, y dijo que Benjamín Vaca González, nunca notificó de esa acta de cabildo, omisión que generó muchos inconvenientes para la Fiscalía y la propia Legislatura.

“La verdad muy lamentable, esta persona sigue trabajando como asesor de un grupo parlamentario dentro congreso del estado (…) Es una irresponsabilidad total del Licenciado Vaca, quien estuvo en proceso legislativo el no notificarnos que ya existía una aprobación por parte de los seis municipios que se necesitaban para poder nombrar al Auditor dentro de la Fiscalía del estado”, concluyó.

Fiscal alertó posible pérdida de recursos

Durante su comparecencia el 20 de septiembre ante la Comisión de Justicia de la Decimoquinta Legislatura, el Fiscal General Carlos Arturo Álvarez Escalera reconoció que se podrían perder más de 70 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2016, sino no integraba el órgano de control interno en los próximos días.

Álvarez Escalera detalló en ese entonces que el monto que en riesgo era de 70 millones 958 mil 533.60 pesos, distribuido en ocho programas con prioridad nacional y subprogramas:

  • Acceso a la justicia para mujeres, 500 mil pesos;
  • Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública, 3 millones 906 mil pesos;
  • Red Nacional de Radiocomunicación, 1 millón 350 mil pesos;
  • Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de justicia, 22 millones 151 mil 684 pesos

 

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